lunes, 8 de enero de 2007

Furor inmobiliario, ese ansia inagotable

Resulta llamativo el empeño y la perseverancia de algunos ayuntamientos españoles en fomentar o en acometer obras y proyectos urbanísticos de dudosa legalidad y contrarios al concepto de sostenibilidad en su más amplio sentido, del que tanto se habla ultimamente. Parece como si una necesidad obsesiva se adueñase de sus voluntades y no les dejase actuar en orden a la razón. No importa ya lo que pueda pasar o las consecuencias que acarren las decisiones tomadas. La voluntad se doblega ante la pasión, la ambición, el erotismo del ladrillo y del billete fácil. El furor por construir es inagotable.
En estos momentos ya es por todos conocido que el llamado negocio del ladrillo pasa por ser uno de los más lucrativos y que más rapidamente enriquece a los que a él se dedican. También sabemos lo proclive que es a generar corrupción política y empresarial. También lo amigo que es del dinero negro y del capital conseguido por métodos poco o nada legales. Por ello, extraña que todavía haya regidores y corporaciones municipales que, sábiéndose en en punto de mira político, social y periodístico, aún así, osen sin pudor, ni remilgo alguno realizar operaciones urbanísticas de calado excesivo y sospechosas por desmedidas, destructoras del entorno natural, impopulares o simplemente poco justificables o inadecuadas a la realidad del municipio.

Durante las últimas semanas, dos casos publicados en la prensa llaman la atención. Ambos demuestran que, a pesar de todo, las actuaciones inmobiliarias de los ayuntamientos, encaminadas a fabricar dinero fácil siguen siendo práctica habitual en todo el país. Y, de momento, la mayoría parece sentirse a salvo de las irregularidades o delitos que pueda cometer.
El primero de los casos tiene lugar en Cantabria y se refiere a las obras de construcción de una urbanización ubicada en la zona del Alto del Cuco de Piélagos (Santander) que ha supuesto la destrucción de toda una ladera del monte. Lo cual ha significado que los árboles hayan caído sin compasión en hileras para abrir paso a las más de 400 viviendas. Se llama Residencial Costa Verde y se está construyendo "en plena naturaleza" como publicita su promotora, Fadesa. El Ayuntamiento (PP) afirma que la promoción "cumple con todas las de la ley".
La urbanización está ubicada en el entorno del monte de La Picota y frente al Parque Natural de Liencres. La urbanización ha sido denunciada por el grupo ecologista Arca y si prospera el recurso habrá que demoler las viviendas. De momento, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria resuelva el recurso presentado, Fadesa sigue construyendo. Con las casas vendidas será más dificil demoler, en el caso de que esa fuera la sentencia. Además, el daño ya está hecho.
Lo curioso, es que el Ayuntamiento de Piélagos acumula ya cuatro sentencias de derribo por construcción irregular de otras tantas urbanizaciones, todas solicitadas ante los juzgados por Arca, sin que ninguna se haya ejecutado todavía.

El otro caso tiene lugar en Galicia, en los municipios de Foz (PSG) y Barreiros (PP), en Lugo. Durante el año 2006 ambos ayuntamientos dieron licencias para construir 10.000 viviendas. Tan preocupante crecimiento llamó la atención de la Xunta de Galicia, que intervino paralizando numerosas licencias e investigando la concesión de ciertos proyectos, por irregularidades en su ejecución. Durante este periodo de 2006 ambos municipios proyectaron la construcción de tantas viviendas como las que se hicieron en los quince municipios costeros que comprenden la marina lucense durante el periodo 2000-2005. Sólo son dos casos más.

Para terminar, una información que publica el diario El País hoy mismo: " La Audiencia de Pontevedra ha paralizado en Tui (Pontevedra) una urbanización de 300 pisos de la inmobiliaria Tuyvi, de la que es apoderado el alcalde del municipio, Antonio Fernández Rocha, del PP. La empresa, propiedad de su hijo, compró los terrenos en abril de 2003 por 1,7 millones. Cuatro meses más tarde, el Ayuntamiento duplicó las alturas permitidas en el resto de polígonos de la zona. Las obras habían comenzado sin licencia, según la juez que instruye el caso. A Rocha, su asesora y cinco funcionarios se les imputan delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico. El 28 de agosto de 2003, cuatro meses después de que Tuyvi comprara la parcela, de casi 6.000 metros cuadrados y conocida como Patazumba, el ayuntamiento aprobó el estudio de detalle de la unidad de ejecución en la que se integró la finca, lo que permitió a la empresa del hijo del alcalde construir hasta una altura de bajo, cinco plantas y una más bajo cubierta, casi el doble que el resto de los polígonos del entorno. Una denuncia trasladada por la fiscalía a la juez permitió paralizar las obras, que habían comenzado sin licencia. La inmobiliaria recurrió sin éxito la paralización ante la Audiencia de Pontevedra".
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