jueves, 21 de diciembre de 2006

Orígenes de la corrupción inmobiliaria en España

JR. Mora.com

En España en la actualidad no se hace urbanismo, básicamente se especula. Pero no se trata de una práctica producto de la idiosincrasia hispánica. Esta situación, a la que todos estamos habituados y que, sin embargo, ahora parece sorprendernos tanto, es el resultado de un proceso largo en el tiempo y propiciado por una legislación permisiva y defectuosa en su formulación. Sus orígenes más inmediatos se remontan al periodo de la Transición democrática. Con la implantación de la Democracia a finales de los años setenta y como resultado del establecimiento de las Comunidades Autónomas, se desarrolló en España un proceso continuado de descentralización administrativa, que en materia de gestión urbanística benefició a los Ayuntamientos a la hora de diseñar su modelo urbanístico. Merced a esta situación, el Estado Central delegaba sus competencias en esta materia a las corporaciones locales y -de manera involuntaria, se entiende- favorecía la institucionalización de ciertas prácticas corruptas y especulativas con el suelo público y privado. El resultado es la especulación, la corrupción y esta especie de urbanismo basura comandado por los constructores y los promotores inmobiliarios.
De la misma manera, la legislación española vigente sobre el suelo y más en concreto la relativa a su régimen de valoración establece -en la Ley 6/98 de Suelo- que el suelo rústico, una vez reclasificado por el Plan, puede alcanzar un valor legal 200 o 300 superior al valor real inicial. Un negocio redondo, ante el que son pocos los ayuntamientos, responsables públicos y empresarios del sector inmobiliario los que no se sienten seducidos por el dinero fácil y rápido que facilita la especulación.
Es obvio, por tanto, que la única manera de atajar el problema es a través de leyes que lo corrijan, tanto en materia urbanística como en lo relativo a la finaciación de los ayuntamientos. Se trata de eliminar los potenciales atractivos a la especulación. Sólo así conseguiremos tener un modelo urbanístico razonable y sostenible.

Texto Ley 6/98 de Suelo

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